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Existe la obligación colectiva de ayudar a las personas de todas las edades, géneros y diversidades a encontrar una solución duradera a su desplazamiento proporcionándoles el apoyo necesario para su reintegración sostenible en sus lugares de origen, en sus comunidades locales o en otras zonas del país. Los Estados son los principales responsables de facilitar soluciones sostenibles al desplazamiento interno. La soberanía conlleva una responsabilidad, y los Estados afectados por los desplazamientos deben hacer de las medidas sobre los desplazamientos internos una prioridad nacional de toda la administración pública, en la que los derechos de los desplazados internos como ciudadanos y residentes ocupen un lugar central.

Debemos hacer mucho más para evitar en primer lugar que se produzcan los factores que causan el desplazamiento, atacando las causas profundas y mitigando los riesgos inmediatos y sus repercusiones. Actuar ahora para atajar esos factores constituye la mejor forma de protección y contribuye a garantizar que las soluciones sean sostenibles.

El mundo debe redoblar esfuerzos para cerrar la brecha entre las necesidades humanitarias y la protección y la asistencia proporcionadas. Después de haberse visto arrancados de sus hogares, medios de subsistencia y redes de apoyo, los desplazados internos no deberían tener que temer además por su seguridad y bienestar. Debemos reforzar la calidad de la asistencia y la protección, una labor que debe moldearse y guiarse por una atención especial a los derechos humanos.